En México cada año nacen cientos de pequeños que no pueden tener una identidad legal porque sus padres son migrantes indocumentados. Por ese motivo, los registros civiles les niegan el acta de nacimiento a la que tienen derecho. Sin ese papel, son condenados a vivir en condiciones vulnerables y sin acceso a los derechos más básicos.
Dulce Rodríguez / Adelina Pazos / César Solis para Bi Noticias / Newsweek / Pie de Página / El Sol de Tijuana / Connectas.
En el Estado de México vive una pequeña que está por cumplir tres años. Es hija de migrantes hondureños y el gobierno se ha negado a darle el acta de nacimiento a la que tiene derecho. Aunque sus papás la llaman Nancy, en realidad no tiene un nombre legal. Es invisible para el país que la vio nacer.
Sin ese papel, la niña no tiene nacionalidad y tampoco puede acceder a la seguridad social. Si para el próximo febrero no obtiene el documento, su derecho a educación también será vulnerado porque en ese mes se llevan a cabo las inscripciones en todo el país; y no podrá acceder al preescolar.
Sus padres han visitado distintas oficialías para tratar de resolver esta situación, pero el hecho de que sean migrantes sin papeles se ha vuelto el obstáculo más grande. Incluso, cuentan que les han pedido dinero a cambio del registro y han sufrido discriminación.
Esta familia asegura que la odisea comenzó desde el parto. Tocaron las puertas de tres hospitales y en dos no los quisieron recibir. En el que los aceptaron, les exigieron pagar 10 mil pesos (500 dólares, aproximadamente), como si fuera una clínica privada, a pesar de que se trataba de una institución pública. “Paga, al menos, lo que se comió tu mujer; ella no es mexicana”, dice el padre de Nancy que le dijeron en el Hospital Materno Infantil Vicente Guerrero, del Estado de México. Para que dejaran salir a su esposa y a su bebé, asegura que pagó los únicos 100 pesos que tenía.
La historia ilustra un escenario que se extiende por todo el país, porque Nancy (nombre que ha sido cambiado por petición de la familia) no es la única hija de migrantes en condición de refugiados o con protección complementaria a la que el gobierno mexicano ha negado la identidad. Esta investigación evidencia cómo el Estado mexicano vulnera los derechos de cientos de mexicanos hijos de migrantes indocumentados, a pesar de que la Constitución en México establece que todo niño nacido en este país tiene derecho a la nacionalidad.
Por años, organizaciones de la sociedad civil, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) han documentado esta situación que, desde su perspectiva, discrimina y viola leyes constitucionales. El IFDP estima alrededor de 100 amparos promovidos en México en los últimos cinco años, presentados para defender el derecho a la identidad de estos niños.
El problema se extiende a lo largo y ancho de México. Como ejemplo, en este 2022, en Chiapas, principal punto de entrada de migrantes, ante la carencia del acta, en un solo día se registraron cerca de 50 familias que buscaron apoyo internacional a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En Baja California, en la frontera norte, la UNICEF intervino en 30 casos más. En Aguascalientes, al centro del país, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) contabiliza 10 casos en donde los niños aún no logran acceder al acta, y documentó 10 más en los que tuvo que intervenir para que estos pequeños mexicanos pudieran obtener su identidad.
Son precisamente las organizaciones y organismos internacionales los únicos que cuentan con datos respecto a menores sin registro, ya que las instituciones oficiales desconocen a cuántos niños les han negado un acta. “Sabemos que la dimensión es amplia porque es algo recurrente”, dice Yolice Quero, coordinadora de la Unidad de Protección de la OIM en México.
A la mayoría de estos menores no se les registra porque sus padres no tienen los papeles que el gobierno considera indispensables para expedir el acta de nacimiento. Es decir, el mayor obstáculo es administrativo, porque las autoridades no contemplan el contexto y la situación de las poblaciones migrantes. Por ejemplo, piden que los padres migrantes tengan apostillas en sus documentos de identidad para registrar a sus hijos.
Para la gran mayoría es imposible obtener una apostilla debido a su situación migratoria, dado que es un trámite que debe realizarse ante las autoridades del país de origen. “Tienen que ir a su país a que le pongan ese sello”, explica Sergio Rea, representante de la Acnur.
Lo que están haciendo es invisibilizar a las personas, y eso es una violación flagrante a la Constitución”, sentencia Fernando Alonso, representante de la UNICEF en Baja California.
“Si no se le da el derecho a la identidad, que es la llave para todo lo demás, lo pones en riesgo. Si los secuestran, si se los roban, ¿cómo acreditan los padres que es su hijo?”, alerta Margarita Juárez, abogada especializada en derecho migratorio y miembro del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI). “Es muy grave que, por una cuestión administrativa, los registros civiles vulneren un derecho tan importante”, asegura.
El gobierno, sin embargo, está informado de esta situación. De hecho, el IMUMI participa desde 2015 en mesas de diálogo con el Registro Nacional de Población, la Secretaría de Gobierno y representantes de los registros civiles. “Nos han invitado a varios foros, llevamos la problemática –asegura Juárez–. Entonces, sí lo saben. Y es muy grave eso. Las administraciones pasan y la solución queda a un lado”.
La Ley de Migración establece el registro de los nacimientos como derecho de los migrantes y que el servidor público que lo niegue sea sujeto de sanción. “Debe de cuadrar un delito al menos para los funcionarios, por omisión. Es corrupción”, afirma Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana A.C., en Chiapas. “Es una falta que debe ser sancionada con el cese del funcionario”, sentencia.
La situación, no obstante, se vuelve más delicada cada vez. Tan solo en Chiapas, de un año a otro, los nacimientos de hijos de migrantes se cuadruplicaron: la Secretaría de Salud reportó 432 casos en 2020; al año siguiente, la cifra se elevó a mil 662, con lo que aumentó la demanda en los registros civiles. No obstante, es muy difícil poder dar un número exacto de casos, refiere Fernando Becerra, jefe de la oficina de UNICEF en Baja California, respecto al universo de niños sin acta, ya que “hay población que no se acerca a hospitales y acude con parteras”.
Ximena Rojas, fundadora de la asociación Partería y Medicinas Ancestrales en Baja California, explica que ella empezó a atender partos en su propia casa: “A veces llegan a Tijuana sin nada, solo con lo que pudieron escapar”, narra respecto a las mujeres migrantes embarazadas. “Nosotras atendíamos esos partos. La sala de mi casa se convirtió en la sala de nacimientos”. Ahora cuentan con mejores servicios y más parteras voluntarias.
Quienes dirigen los registros civiles se apegan a las leyes estatales, que enlistan los requisitos para acceder al acta, pero no toman en cuenta la vulnerabilidad migratoria y económica de las familias o, incluso, sus dificultades de comunicación. Esta situación resulta peor para las menores migrantes embarazadas, porque “les ponen más barreras. Sucede si no hay un padre. O solo por ser menores”, dice Yolice Quero, de la OIM.
La migración latinoamericana hacia México cada vez es más intensa. En 2021, las solicitudes de asilo fueron 220 por ciento más que en 2020, al superar las 131 mil, según la Acnur. El organismo también considera que México es el tercer país del mundo en recibir la mayor cantidad de solicitudes de asilo, mientras que la Secretaría de Salud en Chiapas notifica que, tan solo en ese estado, el nacimiento de hijos de padres extranjeros se cuadruplicó de un año a otro y alcanzó más de mil 600 en 2021.
La situación ha impactado de tal manera a los organismos de atención a migrantes que, incluso, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) aceptó recursos de la ONU para poder contratar a más personal y aun así no se da abasto. Ello, en un 2021 donde el presupuesto otorgado a instituciones que atienden a la población migrante también ha sido recortado por el gobierno federal (0.58 % en términos reales para la Comar, tomando en cuenta la inflación) y también en la SIPPINA (con un recorte del 1.8 %).
Por otro lado, Yolice Quero, de la OIM, señala que la política de austeridad del gobierno federal actual alcanzó las oficinas de los registros en la frontera sur, ya que no cuentan con el equipo necesario. En Chiapas, incluso, la OIM ha tenido que donar tóners, boletas y papelería. “Hemos tenido escasez de formaterías; se ha solicitado a Hacienda, pero no se ha tenido una respuesta positiva. La población requiere de formatos, y tenemos escasez de actas de nacimiento”, denuncia Rafael Escobar, oficial del registro en el municipio fronterizo de Cacahoatán.
Al otro lado del país también se quejan de falta de recursos. Fernando Becerra, jefe de la oficina de la UNICEF en Baja California, ha documentado que a esta problemática se suma que en los certificados de nacimiento se omiten los nombres y nacionalidades de los padres, con lo que se entorpece el trámite del acta. Para los niños nacidos en México cuyos padres son extranjeros, el problema es doble, porque tienen derecho no a una, sino a dos nacionalidades.
La situación se vuelve aún más difícil si los papás deciden viajar de un estado a otro del país, con el fin de registrar a sus hijos ante las autoridades mexicanas. La razón es que cada oficina de registro civil tiene sus propias exigencias.
“No hay prácticas homologadas”, explica Diana Citalán, abogada especialista en niños y adolescencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías. Afirma que mientras en algunas oficinas piden pasaportes como documento de identidad, en otras solicitan testigos mexicanos, o las actas apostilladas y traducidas. Los requisitos varían incluso entre oficinas de un mismo estado.
Con información de Pie de Página
https://piedepagina.mx/los-ninos-sin-nombre-ciudadanos-invisibles-para-el-gobierno-mexicano/
Imagen tomada de Pie de Página
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