Urge reparar violaciones a zapotecas afectados por proyecto Eólica del Sur: Global Advocacy
Por UAM Cuajimalpa a las 03:03 pm
La CIDH busca conseguir reparaciones integrales y la responsabilidad internacional de México por las violaciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.
Redacción
La organización Global Advocacy urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a iniciar ‘de forma inmediata’ el proceso de reparaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por las violaciones cometidas contra las comunidades zapotecas con la imposición del proyecto Eólica del Sur en Oaxaca.
La organización indicó que el caso está pendiente en la CIDH desde septiembre de 2019 ante ‘la arbitrariedad’ de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló ‘injustificadamente’ a favor de la empresa Eólica del Sur y desconoció los requisitos constitucionales e internacionales para garantizar el derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios.
Global Advocacy añadió que la petición en la CIDH busca conseguir reparaciones integrales y la responsabilidad internacional de México por las violaciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, derechos de propiedad comunal, otros derechos económicos, sociales y culturales, así como por la obstaculización a la defensa del territorio indígena “tanto por agentes del Estado como por las empresas con su aquiescencia y tolerancia”.
Asimismo, la petición denuncia la violencia contra los defensores del territorio, quienes tienen medidas cautelares de la CIDH por el alto riesgo a su vida que representa su oposición a la instalación de Eólica del Sur en Juchitán.
Frente al panorama, Global Advocacy llamó al presidente de México a iniciar de forma inmediata el proceso de reparaciones ante la CIDH en coordinación con las víctimas, quienes han denunciado no sólo la imposición del megaproyecto, sino también las afectaciones a la vida comunitaria, la contaminación por el aceite de las turbinas, los problemas de vértigo y dolor de oídos, entre otros.
A continuación el comunicado completo:
Proyecto Eólica del Sur, ejemplo de corrupción, impunidad y despojo hacia los pueblos indígenas.
En días recientes, el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, reconoció en su conferencia matutina las violaciones a derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas afectadas por el proyecto Eólica del Sur, instalado sin consentimiento libre, previo e informado en Juchitán de Zaragoza, Estado de Oaxaca. Las violaciones resaltadas fueron avaladas por un fallo arbitrario de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitido en noviembre de 2018, favoreciendo injustificadamente a la empresa Eólica del Sur y desconociendo los requisitos constitucionales e internacionales para garantizar el derecho a la consulta y a la libre determinación de los pueblos sobre sus territorios. El caso se encuentra pendiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde septiembre de 2019. Los afectados exigen al Presidente que exprese su voluntad de resolver este caso de manera inmediata- con la mediación de la CIDH- y pida una reunión de trabajo.
La denuncia pública del Presidente, así como su queja presentada formalmente ante la Corte suprema, coinciden con los argumentos de la petición internacional interpuesta por los afectados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre de 2019. La petición resalta la arbitrariedad de la Sentencia de la Suprema Corte y busca conseguir reparaciones integrales y la responsabilidad internacional de México por las violaciones al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, derechos de propiedad comunal, otros derechos económicos, sociales y culturales, así como por la obstaculización a la defensa del territorio indígena tanto por agentes del Estado como por las empresas con su aquiescencia y tolerancia. Asimismo, denuncia la violencia contra las y los defensores del territorio, quienes tienen medidas cautelares de la CIDH por el alto riesgo a su vida, por su trabajo de oposición a la instalación de Eólica del Sur en Juchitán.
Las deficiencias de la Sentencia redactada por el entonces Ministro José Ramón Cossío Díaz son evidentes. En primer lugar, ignoró el sentido simple de la palabra “antes” o “previa” para calificar a cualquier consulta. Las empresas obtuvieron diversos permisos antes de realizar consulta alguna, y firmaron cientos de contratos con individuos en tierras comunales. De esta manera, Eólica del Sur y el gobierno impusieron un proyecto predeterminado y de imposible modificación. El parque eólico entró en fase de construcción mientras la decisión de la Corte Suprema estaba pendiente, ignorando el deber de consulta también en esa etapa. En segundo lugar, la Sentencia no mencionó que sólo el uno por ciento de la población indígena “aprobó” el proyecto eólico en Oaxaca, que dos informes de expertos, incluido el ex Relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas James Anaya confirmaron que la supuesta consulta fue inadecuada y que los observadores independientes se retiraron del proceso luego de emitir cinco informes detallando las violaciones al carácter previo, libre e informado.
Los más de mil indígenas zapotecos acudieron a la Suprema Corte luego de vivir un acto de corrupción notorio en el en Juzgado Séptimo de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca. Habían obtenido la suspensión del proyecto Eólica del Sur por falta de consulta previa. Sin embargo, de repente se “trasladó” arbitrariamente al Juez Isaías Corona Coronado, quien decidiera a favor de las comunidades, reemplazándolo por otro Juez que respondía a los intereses empresariales y quien de inmediato levantó la suspensión del proyecto, sin justificativo alguno.
El viento es un recurso natural profundamente ligado a la cosmovisión de los pueblos indígenas que habitan Oaxaca. Por décadas, el gobierno mexicano permitió la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, sin consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, sin el diseño de beneficios compartidos y sin exigir a las compañías que trabajen con la debida diligencia. Los puestos de trabajo prometidos a los residentes quedaron en manos de gente de fuera, y la forma de vida de las comunidades indígenas se puso en peligro por el impacto social y ambiental de las turbinas. Oaxaca está sumido en la pobreza.
En Juchitán, los aerogeneradores rodean los pueblos. Los residentes tienen miedo de que se les caigan encima, se quejan de vértigo y problemas de oídos. Temen que las fuertes vibraciones emitidas por los molinos cuando dan vuelta sean la causa de sus males. También notaron que el ganado que está alrededor pare con menor frecuencia y se redujo la cantidad de leche que producen. El aceite que tiran las turbinas contamina la tierra. Los pocos beneficios prometidos a los pescadores fueron incumplidos.
De conformidad tanto con la Constitución Mexicana como con el derecho internacional de derechos humanos, el gobierno y la empresa que quieran llevar a cabo proyectos de desarrollo deben realizar un proceso de consulta para obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas locales, antes de desarrollar y en cada fase del proyecto.
La Corte Suprema perdió una oportunidad histórica de protección a los derechos de los pueblos indígenas en una sentencia deficientemente concebida y redactada. Ahora el ex Ministro, desde otras trincheras, llama a que se legisle la consulta para que “comunidades de por sí marginadas, puedan ser protegidas de los gobiernos y de los capitales con los que funcionarios concretos acuerden los desarrollos”. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de hacer algo por las comunidades indígenas estando en la Corte Suprema se puso del lado del gobierno y la empresa avalando un proceso consultivo viciado de origen.
El Presidente evidenció un problema grave de corrupción, desprotección judicial y reconoció expresamente que el Ministro “José Ramón Cossío afectó a los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer una empresa de energía eólica”. En su calidad de más alto representante del Poder Ejecutivo cuenta con el poder de iniciar de forma inmediata el proceso de reparaciones ante la CIDH, en coordinación con las víctimas.
Con información de Desinformémonos
Imagen tomada de Desinformémonos