Piden ajustes a las alertas de violencia de género
Por UAM Cuajimalpa a las 05:08 pm
El 31 de julio de 2015 se decretó, por primera vez en el país, una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), fue para el Estado de México, pese a ello, la estadística de terror sólo aumentó sus cifras. Casi un año y medio después, una de las víctimas fue Susviela Galindo, una mujer de 73 años de edad, quien fue asesinada y abusada sexualmente dentro de su casa, en Los Reyes La Paz. El agresor fue su hijo, Abel Velasco, quien en propia voz confesó ser el feminicida. En los últimos seis años, la entidad acumula por lo menos 2 mil 314 muertas.
A esos mismos seis años de distancia, son ya 23 las entidades que cuentan con, por lo menos una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por violencia feminicida, pero eso no es lo más grave, sino que pese a ello, por lo menos 20 mil 541 mujeres y niñas han sido asesinadas en ese periodo de tiempo lo largo y ancho de todo el país.
La AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en 2007. Con éste se busca garantizar espacios seguros para ellas, y que se eviten delitos más violentos, producto de la violencia machista, como el feminicidio, abuso sexual o desaparición forzada.
Para emitir una alerta es necesario seguir con un proceso estipulado en el reglamento de dicha Ley, que evalúa todas las condiciones de peligro, en distintos ámbitos, para que niñas y mujeres puedan ejercer sus derechos fundamentales sin violencia.
Debido a que pasaron ocho años para que por primera vez este recurso fuera puesto en marcha –ya que desde 2007 se podía hacer uso de él–, organizaciones de derechos humanos señalan que es necesaria su implementación, aunque advierten grandes vacíos en su aplicación, e incluso, en algunos casos, que en la práctica no ha tenido el impacto deseado, por lo que sería ideal ser más específicos en el proceso de implementación.
“Las alertas han sido fundamentales porque son un mecanismo incómodo para los gobiernos, de que algo no están haciendo bien (…) no obstante son necesarios ajustes a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las alertas realmente funcionen y tomen en cuenta las voces de las víctimas”, dice María de la Luz Estrada, Coordinadora general del Observatorio Ciudadano de Feminicidios (OCNF).
“A la hora de la aplicación de la ley es donde queda un vacío impresionante ante el deber ser que está muy bien plasmado (…) el acceso a la justicia no es una verdad para las familias que han vivido casos de feminicidio o casos de violencia de género en general”, señala Xóchitl Arzola, dirigente de la organización Mujeres en Cadena en el Estado de México.
En orden, de acuerdo con la fecha en que fue decretada la AVGM, los estados del país que cuentan con este mecanismo son Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz.
Entre 2017 y 2018 se decretó en Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche y Jalisco.
Para los años siguientes, entre 2019 y 2021 el instrumento llegó a territorios donde por muchos años se negó el problema de la violencia de género: Puebla, Ciudad de México, Baja California y recientemente, Chihuahua, Tlaxcala y Sonora.
En la mayoría de los casos, las alertas de género están decretadas sólo para algunos municipios, no obstante entidades como Baja California, Jalisco, Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas activaron el mecanismo para todos sus territorios.
“Es una obligación de los gobiernos [las alertas], una obligación constitucional y que va a acorde a los tratados internacionales, que son vinculados y obligatorios. El Estado está obligado a generar las condiciones políticas y marcos legales que ayuden a erradicar estos contextos de discriminación y violencia, que al final tienen como resultados delitos graves como feminicidios desapariciones, violencia sexual y familiar”, señala María de la Luz Estrada.
El 14 de octubre de 2017, Daren Yarley, una bebé de 11 meses de edad murió en un hospital de Mazatlán, Sinaloa, producto de múltiples fracturas. De acuerdo con reportes oficiales, la bebé pasó más de 24 horas con muerte cerebral y en terapia intensiva. La pareja de su madre fue detenida como el principal sospechoso de causar la muerte a la menor. Con menos de un año de edad, la pequeña fue una víctima mortal de la violencia de género en una entidad que, para la fecha en que fue agredida, ya contaba en su municipio con una AVGM vigente.
En tierra sinaloense, donde la AVG se decretó para cinco de sus 18 municipios en marzo de 2017 –apenas siete meses después del asesinato de la pequeña Daren–, un año anterior a la declaratoria se registraron 68 mujeres y niñas asesinadas, mientras para este último año se contabilizaron 38.
No obstante, organizaciones advierten que la violencia no se ha frenado en esos cinco municipios, pues los feminicidios se han vuelto más crueles y sanguinarios, con cuerpos calcinados o expuestos con mensajes. Además, Culiacán, la capital del estado, se ubica a nivel nacional en los primeros lugares en violencia contra las mujeres y feminicidios, mientras la autoridad municipal no implementa ninguna medida o ni políticas públicas al respecto.
“A más de cuatro años de emitida la Alerta de Género, ninguno de los alcaldes de los cinco municipios ha celebrado sesiones de cabildo para definir acciones preventivas contra la violencia sexual, familiar y los feminicidios que se mantienen muy altos”, dice la activista sinaloense Teresa Guerra Ochoa.
En tanto, en Guerrero, donde en junio de 2017 se decretó una AVG para ocho de 81 municipios. Las cifras reflejan que un año antes a la declaratoria se registraron 329 mujeres y niñas asesinadas, mientras que entre junio de 2020 y junio de 2021 hubo 142.
Pero la disminución no es del todo significativa, pues mientras el gobierno de ese estado hace gala de una baja en el número de feminicidios, colectivas en favor de los derechos de las mujeres han alertado de una situación de emergencia. Incluso, han señalado, por el entorno hostil para los derechos humanos, en 2020 se declaró, para todos los municipios de Guerrero, una alerta más, esta vez por Agravio Comparado, ante la discriminación y la falta de servicios se salud para las mujeres.
En este sentido, organizaciones, aglutinadas en el Movimiento Amplio de Mujeres Guerrerenses, han señalado que la Fiscalía Estatal falla a la hora de ejercer justicia para las mujeres asesinadas, pues a la hora de clasificar los delitos, sólo el 8.5 por ciento son investigados como feminicidio.
Además, han advertido, ni en los 16 años anteriores a la declaratoria hubo tantos crímenes como en los 3 años y medio posteriores a ella.
Las desapariciones, los derechos, no sólo los feminicidios...
El 18 de abril de 2020, Jennifer Gabriela, de 20 años de edad, desapareció en el estado de Colima, tras abordar un taxi. La última ubicación que se registró de ella fue en Zapotiltic, Jalisco. En medio de la pandemia, su familia y colectivos de búsqueda insistieron por meses en la intervención de las autoridades jaliscienses en su caso y otros similares, pero fueron ignorados. La joven fue hallada sin vida un año después de su desaparición. Ambas entidades donde ocurrieron los hechos cuentan con AVGM.
“La alerta cae en un momento en que el país está en un contexto grave de violencia generalizada, donde las mujeres se encuentran en mayor vulneración. De por sí se está en un contexto de una cultura machista, que refuerza una cultura del sometimiento y donde hay una impunidad tremenda en el sistema de justicia, donde se criminaliza a las víctimas. Es una situación muy muy compleja”, señala la maestra María de la Luz Estrada.
En Quinta Roo, por ejemplo, de las 20 medidas contenidas en la Alerta de Violencia de Género decretada para los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Lázaro Cárdenas, ninguna se ha cumplido totalmente; 13 se encuentran parcialmente cumplidas, cuatro están en proceso de cumplimiento y tres se han incumplido, según el primer dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que da seguimiento a este mecanismo.
En el resto de los estados, el número de mujeres y niñas asesinadas se ha mantenido o ha tenido un aumento ligero tras la declaratoria de la Alerta. Pero la violencia de género no es sólo medible en el número de feminicidios, antes del asesinato, los agresores comenten más delitos y es donde la prevención juega un rol importante.
“Nos parece que sí ha representado un avance, pero es insuficiente. Algo que fue un error muy grave de los gobiernos estatales es que los tiempos fueron muy prolongados, la característica principal de la Alerta era de emergencia, medidas urgentes y si una política derivada de las medidas lleva más de cinco años en su diseño nos indica que respuesta institucional fue insuficiente”, señala en entrevista desde Veracruz, Araceli Saavedra, de la Organización civil Equifonía.
Veracruz es otra de las entidades que cuentan, desde 2016, con una AVGM para 11 de sus municipios, pero además el 13 de diciembre de 2017 se declaró en todos los municipios una alerta por Agravio Comparado, que permitió más tarde abrir el camino a la despenalización del aborto, porque impedir a las mujeres decidir sobre sus cuerpos es también un acto de violencia que pone en riesgo sus vidas.
Oaxaca tiene 570 municipios, sólo 40 de ellos tienen activada una Alerta por Violencia de Género. En el estado con mayor población indígena hay una deuda de justicia con las mujeres. Un ejemplo es el municipio mazateco de Huautla de Jiménez, donde en los últimos años la inseguridad ha arreciado y los primeros feminicidios han sido durante la pandemia y de mujeres de la tercera edad.
El 22 de junio de 2020 fueron asesinadas, en su hogar, Julia Martínez, de 43 años, y su madre, Virginia Casiano, de 89 años. El crimen más reciente ocurrió a inicios de agosto, Angelina, de 94 años de edad fue asesinada en su casa, mientras esperaba a su hijo, quien había salido de trabajar. Las tres eran mujeres indígenas y hasta ellas no llegó ningún mecanismo de protección.
Según organizaciones como Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GES Mujer), la violencia de género ha recrudecido durante la pandemia por Covid-19, incluso en aquellos municipios donde no existe la declaratoria por Alerta de Violencia de Género, como Huautla.
Este 18 de agosto, autoridades estatales a través de la Secretaría General de Gobierno anunciaron el Plan de Trabajo Específico para el Cumplimiento de los Resolutivos y Medidas Contenidas en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Oaxaca, a implementarse en los 40 municipios con declaratoria.
El plan que no tiene vigencia, al igual que la Alerta, señala que se aplicarán una serie de medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, tres años después de que la Secretaría de Gobernación declaró a Oaxaca como uno de los estados más violentos para las mujeres. No obstante, el documento no precisa el presupuesto asignado para la atención de la alerta, ni desde cuándo comenzará la aplicación del plan en territorio estatal.
El dinero ha sido un pretexto frecuente para implementar acciones en favor de las mujeres. Por ejemplo, en San Luis Potosí, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, achacó que no se haya podido disminuir el número de muertes violentas de mujeres, a cuatro años de la declaratoria de Alerta, señalando que sobre todo en el ámbito municipal no se dispusieron de recursos para atender el tema.
“No pueden ser la justificación de que no tienen dinero, porque los gobiernos están obligados a generar las condiciones que eviten la violencia de género (…) por otro lado, sí les brindan recursos, se deben asignar desde los congresos locales, pero también hay recursos federales”, dice la Coordinadora general del Observatorio Ciudadano de Feminicidios (OCNF).
Por otro lado, están las justificaciones. Ante el creciente número en las estadísticas, hay otros gobiernos que simplemente han buscado excusar éstos en las medidas que se deben implementar ante la magnitud que representa la violencia de género.
Por ejemplo, en Chiapas, a través de un reporte, la Fiscalía General del estado detalló que, pese a la alerta, las agresiones y el delito de violencia familiar es de mayor incidencia, pero esto es derivado de la implementación de la alerta, pues “se fomentó la cultura de la denuncia de delitos por violencia de género, incrementando la incidencia delictiva con respecto a dicho tema”.
A grandes rasgos así (o debería ser) es el proceso de una declaratoria
- Algún organismo de derechos humanos internacional, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas deben presentar una solicitud de la declaratoria, ante la Secretaría Ejecutiva.
- Admitida la solicitud (en un lapso de 5 días hábiles), la Secretaría Ejecutiva coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación de un grupo de trabajo, que estudie y analice la situación y si existe violación a los Derechos Humanos de las Mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio comparado. (aquí es donde la especialista dice que no incluyen a las víctimas, no más a puro funcionario o académico).
- El grupo de trabajo tiene 30 días naturales para analizar la situación. Las decisiones del grupo de trabajo se tomarán por mayoría de voto de sus integrantes. Cuando el grupo de trabajo no encuentre elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, se informará y no podrá presentarse una nueva solicitud por los mismos hechos, sin que hubieran transcurrido, por lo menos, tres meses.
- Si el grupo de trabajo determina que se debe implementar la alerta se informará al gobernador de la entidad federativa correspondiente, quien podrá aceptar o rechazar las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo.
- De aceptarse la alerta, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, solicitará al gobernador de la entidad de que se trate, en un plazo de seis meses siguientes, que implemente acciones para atender la emergencia.
- Si en esos 6 meses se evalúa que las acciones del gobierno estatal en cuestión no fueron suficiente, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a diez días naturales.
Con información de El Universal
https://www.eluniversal.com.mx/estados/piden-ajustes-las-alertas-de-violencia-de-genero
Imagen tomada de El Universal
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