Los militares acusados por el caso Tlatlaya podrían volver a prisión
Por UAM Cuajimalpa a las 05:07 pm
A la sombra del caso Ayotzinapa, las ejecuciones de Tlatlaya, el primer gran escándalo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, camina a paso de tortuga en los tribunales entre acusaciones de impunidad. Ahora, la decisión del tribunal de que se tomen en cuenta pruebas previamente descartadas podría dar un giro al caso y abre la posibilidad de que varios militares acusados de asesinar a civiles regresen a prisión.
El 30 de junio de 2014, un convoy militar asesinó presuntamente a entre 8 y 15 civiles, al parecer parte de un grupo de delincuentes que les había atacado previamente. El hecho ocurrió en el municipio de Tlatlaya, en el Estado de México. Las autoridades detuvieron a los militares, la Fiscalía les acusó de homicidio y alteración de la escena del crimen, entre otros delitos. Sin embargo, un magistrado los dejó libres por falta de pruebas.
Ahora un tribunal superior ha ordenado al magistrado que tenga en cuenta las declaraciones de tres testigos que certificarían los asesinatos. El magistrado ya había apreciado sus testimonios, pero solo los que rindieron en primera instancia, obtenidos entre acusaciones de amenazas, malos tratos y tortura.
Clara Gómez, testigo de lo ocurrido destapó el caso, su testimonio derrumbó la versión oficial las cual indica que: 22 civiles habían muerto aquel día producto de un enfrentamiento con elementos del Ejército. Sin embargo, Gómez dijo que el enfrentamiento había ocurrido, pero que los militares habían asesinado a los rendidos. A partir de su testimonio la oficina del defensor del pueblo y la fiscalía empezaron a investigar. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que entre 12 y 15 de los 22 fallecidos habían muerto asesinados arbitrariamente.
El testimonio de Gómez reveló que otras dos mujeres Patricia Campos y Cinthia Nava habían visto lo ocurrido. Desde el principio, medios de comunicación cercanos a la Secretaría de la Defensa, cuestionaron la presencia de las tres mujeres en el lugar del enfrentamiento, una bodega sin puertas a la vera de un camino rural. Las mujeres no fueron víctimas del fuego cruzado, estaban con el grupo que al parecer había agredido a los militares.
A la menor repercusión del caso también contribuyó la percepción que se tenía de las víctimas. Si en un caso eran 43 estudiantes inocentes, en el otro 22 delincuentes que habían atacado al Ejército. Ni siquiera las tres testigos, Gómez, Nava y Campos, gozaban de mejor estatus. De cualquier manera, nunca ha quedado claro quiénes eran los 22, ni si todos habrían formado parte del supuesto grupo delictivo. Varias familias de personas fallecidas en la matanza han defendido que sus hijos fueron secuestrados y obligados a trabajar para los delincuentes. Es el caso de dos hermanos, Marcos y Juan José Salgado Burgos, que murieron en la bodega. Ambos son parte del grupo de ocho víctimas de asesinato que considera la fiscalía.
Aunque el magistrado tiene hasta el 19 de julio para decidir el futuro de los militares, éstos podrían pedir prórrogas. En todo caso, la claridad de los testimonios de las tres mujeres ante la Fiscalía federal en octubre de 2014, en contraste con sus declaraciones iniciales, obtenidas en algunos casos bajo tortura el mismo 30 de junio ante la Fiscalía del Estado de México, indican que su decisión debería ser distinta.
Con información de El País
https://elpais.com/internacional/2019/07/02/mexico/1562088275_507173.html
Con imagen de El País
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