22 Jan 2021/ Miscelanea

La gran apuesta de la CFE son las hidroeléctricas. Suenan bien. Pero contaminan. Y no tenemos tantas

Por UAM Cuajimalpa a las 02:01 pm


Por Dulce Olvera

Frente al río Ajajalpan en la Sierra Norte de Puebla, un hombre encabezaba un ritual con incienso, flores y sonido de cuernos. En totonaco, pedía a su Señor que no dejara entrar a la hidroeléctrica de la empresa Deselec 1-Comexhidro que planea abastecer de energía a WalMart, Waldo’s, Vips, Suburbia, Colchas México e Ileana Jinich Mekler.

“Van a envenenar nuestros ríos y nuestros manantiales”, dijo el integrante del Consejo Tiyat Tlali, conformado por las comunidades totonacas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec, que interpusieron desde 2016 un juicio de amparo contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) por la falta de consulta libre, previa e informada, ausencia de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y por la violación a su derecho al agua y al territorio, donde pescan y cultivan milpa.

“¿Por qué te tratan de esta manera? Los que te contaminan son ignorantes. No nos sentimos bien, nos sentimos tristes. No buscamos la muerte, la guerra; buscamos la vida”, aseguró llorando. Una mujer, en otro ritual con vela e incienso, cuestionó al río para qué lo quieren si ahí donde nació es donde manda. “Aquí te tienes que quedar porque tú le das vida a la tierra. Ellos no son dueños de ti. Agua, de ti es que vivimos”, le dijo. Las escenas son parte del documental “Los hijos del agua” de la Fundación Luciérnaga y Alba Films.

En una piedra de la región, con letras rojas, exigen: “Fuera Walmart de los pueblos indígenas”. En una pared de ladrillos blancos, agregan: “Sembremos la hermosura y no la destrucción de la tierra. Fuera empresa Comexhidro”. El 19 octubre de 2019, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil en Puebla negó que hubiera vulneración de los derechos del pueblo Tutunaku, por lo que las comunidades apoyadas por Fundar se inconformaron legalmente con la decisión, ya que disminuirá la calidad del agua y biodiversidad, y generará gases de efecto invernadero. El proceso jurídico sigue en curso.

El Gobierno federal, que el año pasado canceló las subastas eléctricas para energías eólicas y solares, ha anunciado la idea de modernizar y potenciar 60 centrales hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cumplir con la Ley de Transición Energética. Algunas datan desde 1880 y 1898. Para su rehabilitación durante 2021 cuenta con mil 698 millones de pesos, de acuerdo con la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

“Hablan de cambiar las turbinas viejas –algunas de varias décadas– por nuevas. Si la medida se lleva acabo, incrementará la eficiencia de generación de electricidad entre 30 a 50 por ciento. Pero todavía tenemos una mayor generación con fósiles; es limitado el beneficio”, dijo Adrián Fernández, director de la Iniciativa Climática de México. “No debemos de esperar que el potencial de incremento de generación hidráulica vaya a subir más allá de un 10 por ciento de esta generación, porque la infraestructura ya está construida y es de menor capacidad. En el mejor de los casos, nos aportaría el 5 por ciento del total de emisiones que México tiene que reducir para cumplir sus metas del Acuerdo de París, es decir, no solucionará el problema de cumplir con la meta de transición energética”.

El Inventario Nacional de Energías Limpias (INEL) de la Secretaría de Energía, actualizado hasta 2016, revela que hay 101 presas de generación actual tanto de CFE como de privados, entre grandes (mayores a 30 MW) y pequeñas (menores a 30 MW) de capacidad instalada.

Del total, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de la Secretaría de Medio Ambiente identificó 54 presas grandes a 50 años de operación, siendo la más antigua y sin rehabilitación la Central Portezuelos I en Atlixco, Puebla de 1898; La Laguna, en Tecojotal, Hidalgo, construida en 1903 y Umécuaro, Michoacán, en 1904, operadas actualmente por CFE; así como la Generadora Fénix con la Central Necaxa, en Puebla, construida en 1905. De estas, 43 tienen una capacidad instalada menor a 30 MW, entre las que destaca la derivadora Echeverría en Puebla construida en 1880.

Los retos identificados para un plan de hidroeléctricas pequeñas y grandes, reconoce el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), son los efectos medioambientales adversos, rechazo social a proyectos por parte de algunos sectores, y usos y costumbres en el manejo del agua.

“No es con energías fósiles operadas por la CFE, sino con proyectos de energía renovable eólica y solar, más baratas, como México puede construir la ruta de desarrollo energético, económico y de descarbonización de sus emisiones para cumplir con el Acuerdo a París”, expuso Adrián Fernández de la Iniciativa Climática de México. “Si permitimos que entren más plantas eólicas y solares para cubrir la demanda de electricidad futura, estaremos poniendo un tope en las emisiones de dióxido de carbono del sector de electricidad. Pero si seguimos incorporando más plantas de carbón o quemando más combustóleo en las termoeléctricas o –como se está planteando– que las únicas plantas que se van a construir en este sexenio son de gas, todo eso, seguirá incrementando emisiones”.

Desde 2009, cuando el Gobierno federal planeaba instalar la central hidroeléctrica “La Parota” en Acapulco, Guerrero, la Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA) e International Rivers alertaron en un informe que los proyectos hidroeléctricos generan la destrucción de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades indígenas o campesinas; y, como también sucede en proyectos eólicos y solares, se registra la falta de participación pública y acceso a la información a través de consultas libre, previa e informada y de una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), esenciales para identificar, analizar y reducir o eliminar los posibles daños ambientales y violaciones a los derechos a la salud, a la vivienda e indemnización adecuada.

Asimismo, la crisis climática podría impactar la seguridad y productividad de las represas por cambios drásticos en precipitaciones y sequías. De agosto a diciembre de 2020, la sequía desde moderada hasta extraordinaria creció 179 por ciento en el territorio nacional, particularmente en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango y Guerrero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El 2019 y 2020 fueron dos años consecutivos con lluvias por debajo del promedio, y el potencial hidroeléctrico de México está en función del almacenamiento de las presas dependiendo de la precipitación y los escurrimientos en las distintas regiones del país.

 

Con información de Sin Embargo

https://www.sinembargo.mx/22-01-2021/3921272

Imagen tomada de Sin Embargo

https://www.sinembargo.mx/22-01-2021/3921272


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