Iniciativa para restringir aborto en Guerrero contradice a la SCJN y normas oficiales
Por UAM Cuajimalpa a las 02:10 pm
En el dictamen que será sometido a votación se agrega que se castigará con cárcel al personal médico que se niegue a realizar el procedimiento.
Anayeli García Martínez / Angélica Jocelyn Soto Espinosa
La coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencias en el estado de Guerrero, Viridiana Gutiérrez, aseguró en entrevista que el dictamen aprobado este martes 27 en la Comisión de Justicia del Congreso propone nuevos obstáculos para que las mujeres accedan a un derecho reconocido desde hace varios años por la Suprema Corte.
Se espera que la Comisión de Justicia presente el dictamen ante el pleno. La iniciativa, calificada por el movimiento feminista guerrerense como regresiva tiene su origen en una propuesta presentada el pasado 12 de marzo, cuando nueve diputadas y diputados de Morena presentaron –gracias a la incidencia de las organizaciones civiles– propusieron homologar la Ley de Salud de la entidad con la Norma Oficial Mexicana Méxicana (NOM) 046, para que las víctimas de violación no tengan que presentar una denuncia penal para acceder a la ILE.
Sin embargo, los diputados de la Comisión de Justicia modificaron el sentido de la propuesta original. En el documento mantuvieron vigente la condición de presentar una denuncia penal para acceder a la ILE en casos de violación y agregaron que el aborto procederá solo si la mujer no tiene más de 12 semanas de gestación, si la denuncia también es presentada ante el Sistema Nacional DIF y en la Secretaría estatal de la Mujer, y si las víctimas menores de 18 años de edad van acompañadas de su madre y padre para realizar el procedimiento.
En el dictamen que será sometido a votación se agrega que se castigará con cárcel al personal médico que se niegue a realizar el procedimiento.
Al respecto, Viridiana Gutiérrez lamentó la posición de las y los diputados. “Creemos que el dictamen aprobado anoche por la Comisión de Justicia es parte de esta legislatura moralista, ultraconservadora y que tiene prisa por pasar este dictamen a lectura en el pleno. De acuerdo con rumores la votación está prevista para el próximo 12 de noviembre y será virtual”, explicó la abogada.
No obstante, aclaró, en caso de aprobarse esta iniciativa cualquier niña o mujer víctima de violación en Guerrero podría pelear legalmente su derecho a acceder al aborto sin restricciones, como lo establece la norma federal y los criterios de la SCJN. La ley dice además que cuando hay dos leyes que se contraponen, en este caso la local con la federal, habría que hacer válida la más progresiva, es decir, la NOM-046 o las determinaciones de la Suprema Corte.
Recientemente, en agosto de 2019, el pleno de SCJN ratificó el derecho de las mujeres y niñas víctimas de violación sexual a interrumpir un embarazo sin necesidad de interponer una denuncia penal o tener autorización judicial para realizar el procedimiento.
En aquella ocasión, en la sesión del 5 de agosto, las y los ministros señalaron que basta con que las niñas, adolescentes y mujeres presenten una solicitud por escrito en los servicios de salud públicos, bajo protesta de decir verdad, para que puedan acceder al servicio.
La decisión la tomó la mayoría, con ocho votos a favor y tres en contra, para desechar las controversias constitucionales (53/2016 y 45/2016) promovidas contra la NOM-046-SSA2-2005 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres” (NOM 046), que en 2016 entró en vigor en todo el país para eliminar el requisito de presentar una denuncia penal en casos de violación para acceder al aborto.
En las controversias promovidas por el gobernador de Baja California y el Poder Legislativo de Aguascalientes se alegaban que las modificaciones a la NOM 046 no cumplieron con los requisitos previstos en la Ley Federal de Metrología y Normalización para modificar una norma de este tipo y que la Secretaría de Salud (Ss) invadió competencias de los gobiernos estatales porque sólo las entidades pueden legislar en materia de aborto.
Sin embargo el máximo tribunal fue contundente al determinar que con la modificación en 2016 a dicha Norma Oficial no se pretendió crear nuevos requisitos o procedimientos, sino únicamente se buscó ajustar la normativa con la Ley General de Víctimas, publicada tres años antes y que facilitaba el acceso de las mujeres y niñas al aborto cuando hayan sido víctimas de violación sin autorización del Ministerio Público.
Pese a este criterio, que indica que la NOM-046 es vigente en todo el país, Gutiérrez reconoció que la aprobación del dictamen en el Congreso tendrá un impacto negativo en el acceso real de las mujeres a la ILE en caso de violación, toda vez que la Secretaría de Salud ha evitado practicar estos abortos bajo el pretexto de que las leyes locales se lo impiden.
La defensora criticó que las más afectadas serán las mujeres y niñas. “Una niña indígena de Guerrero, de la región de la Montaña, violada por su padre, tiene 13, 14 años, que son las edades que hemos acompañado, difícilmente va poder ir a un centro de salud y van a poder atenderle como dice la NOM-046. Va a encontrarse con esta negativa y va a tener que recurrir a alguna organización, esto si como víctima tiene la fuerza de hacer este camino”.
“Este Congreso y esta Comisión de Justicia está condenando a las mujeres y las niñas a continuar con estos embarazos que ni planearon, ni tienen por qué ser responsables”, detalló la abogada.
Esta iniciativa también contraviene las recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que se decretó en la entidad en abril pasado. El Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) recomendó: “Estudiar, revisar y reformar la legislación relacionada a la interrupción legal del embarazo por causal excluyente de violación”.
Contrario a este llamado el Congreso busca imponer más obstáculos al aborto legal y seguro. Por esa razón el pasado 25 de octubre, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero, Justicia, Derechos Humanos y Género y Católicas por el Derecho a Decidir reprobaron la intención de la Comisión de Justicia de aprobar esta iniciativa al considerarla regresiva y violatoria de la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes.
Cabe recordar que la NOM 046 tiene origen en el caso de Paulina, una niña de 13 años de edad, originaria de Baja California, quien en el año 2000 fue víctima de violación sexual, pidió abortar y se le negó este derecho. Dos años más tarde el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno mexicano firmó un acuerdo en el que se comprometió a actualizar la norma.
Con información de CIMAC
https://cimacnoticias.com.mx/2020/10/28/80797
Imagen tomada de CIMAC