22 Oct 2020/ Miscelanea

El agua que nadie ve

Por UAM Cuajimalpa a las 09:10 am


David Santa Cruz

Cualquiera puede ver cuando un río se seca, oler la fetidez de un lago demasiado contaminado o darse cuenta que el agua de una presa enferma a los animales que beben de ella. En el caso de las aguas subterráneas, nadie lo nota. Esto ha permitido su acaparamiento privado para generar riqueza a costa de la sobreexplotación de los recursos hídricos, ignorando el derecho humano al agua, lo cual incrementa la desigualdad social y económica.

Cuando se habla de estos temas, la respuesta recurrente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde hace dos décadas es que son los agricultores quienes usan más agua. En efecto, “si vemos las concesiones de extracción subterránea, hasta el 2019, entre el 70 por ciento y el 75 por ciento de ellas son agrícolas, pero si dividimos por deciles, el 10 por ciento de concesionarios más ricos en caudal subterráneo consumen más del 60 por ciento de toda el agua que está concesionada”, explica el académico de la UNAM y ambientalista Samuel Rosado.

Buena parte de esas concesiones se encuentran en el norte del país. De igual forma, entre los cinco estados de la frontera norte, más Durango, Sinaloa y Coahuila, concentran 50 por ciento de la producción agrícola del país, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). “Es muy curioso que en las zonas donde hay más escasez de agua es donde más PIB se genera” expone el académico e investigador de la Universidad de Guanajuato, Alex Caldera. Esto se debe a que dicha región cuenta con grandes planicies que permiten sembrar cultivos con alto rendimiento. El problema es que esos estados apenas cuentan con 38 por ciento de las aguas superficiales, así que el riego se realiza con aguas subterráneas.

La desigualdad es tan amplia que “Entre los últimos dos deciles de los concesionarios agrícolas concentran el 85 por ciento de toda la extracción de agua subterránea”, comenta el investigador Samuel Rosado. Esto indica que la gran mayoría sólo tiene acceso al 15 por ciento del agua concesionada, y es que como explica el también director del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del campus León de la Universidad de Guanajuato, Alex Caldera, quienes ocupan ese 85 por ciento de “la extracción del agua, son los agricultores organizados y los grandes productores, no los campesinos, ni los ejidatarios, sino los grandes propietarios agroindustriales”.

Entender lo que explican ambos especialistas es más fácil si superponemos el mapa de concesiones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con los mapas de pobreza, pobreza extrema y el de accesibilidad carretera del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). A simple vista, se puede observar que las zonas de mayor marginación física, económica y social coinciden con aquellas que menos concesiones de agua tienen. Mientras que las regiones con más concesiones de agua, son también las mejor conectadas, dedicadas principalmente a los sectores agrícola, agropecuario, industrial, extractivo y turístico. Cabe mencionar que, de acuerdo con datos del INEGI, ambas zonas tienen una densidad poblacional similar.

Esas prácticas generadoras de desigualdad no son exclusivas del norte. En todo el país “a los pueblos originarios se les negó siempre el acceso al agua para las necesidades más urgentes de las comunidades, mientras se le repartía a los grandes usuarios”, denuncia el doctor Pedro Moctezuma Barragán, miembro de la coalición Agua para Todos, y como ejemplo pone lo sucedido en Valles Centrales de Oaxaca, donde asegura que se entregaron 3 mil concesiones, las cuales incluían a instancias especuladoras, esto es fondos de inversión operados por bancos y empresas financieras.

Para poder administrar las aguas nacionales, en su mayoría subterráneas, México dividió el país en trece regiones hidrológicas. Tres de ellas tienen aportes billonarios al PIB nacional, que son Aguas del Valle de México, Lerma-Santiago-Pacífico y Río Bravo. Las tres están sobreexplotadas y sin disponibilidad para nuevas concesiones de agua, un problema que va en aumento en varias zonas del país, como parte de un fenómeno que la academia ha llamado la invisibilidad social del agua.

En el tema del acaparamiento y sobreexplotación del agua juegan un papel importante las élites económicas y los grupos de poder, tanto nacionales como locales, estos últimos compuestos en varios casos por familias enteras. Entre sus investigaciones, Samuel Rosado aplicó el índice de Gini para medir la entrega de las concesiones en México. Este instrumento es el estándar internacional para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país, pero puede utilizarse para cualquier forma de distribución desigual. Lo que encontró Rosado es que la entrega de concesiones de agua en el país es más desigual e inequitativa que la distribución del ingreso, rubro en el que México está entre el 25 por ciento de países más desiguales del mundo, de acuerdo con el Banco Mundial.

En la región Baja California Sur, se encuentran 10 de  77 concesiones irregulares. Sumadas acumulan más de 558.4 millones de litros anuales; de ellos, la mitad fueron entregados a unidades de riego (principalmente organizaciones de campesinos), a un ejido en disputa, al aeropuerto de La Paz y al Sistema de Aguas Públicas de La Paz, que tiene autorizados 108 millones de litros anuales para abastecer del líquido a los hogares de ese municipio conectados a la red municipal de agua potable.

La segunda parte de dichas concesiones fue entregada a particulares, la más grande de ellas, con 200 millones de litros anuales, fue otorgada a Rosa María González Gámiz, exdiputada suplente en la LVII Legislatura Federal por el PRI y actual presidenta de la Asociación Ganadera Local de Productores de Leche en el municipio de La Paz. De acuerdo con el Registro Público de Comercio, la producción y venta de leche son las principales actividades económicas de González Gámiz.

Otra de las concesiones otorgadas en esta cuenca sin disponibilidad corresponde a Fernando Andrés Kuroda San, por un volumen anual de 25 millones de litros. Su familia es dueña de Grupo Kuroda, empresa con 54 años dedicada a la venta de insumos para plomería, acabados, equipos de bombeo y soluciones relacionadas con el agua.

Al buscar los apellidos Kuroda San en el Repda, se encontró que entre varios miembros de esta familia acumulan concesiones por un volumen de casi 238 millones de litros para aguas subterráneas y aprovechamientos de aguas superficiales por 81 mil 359m2, cantidad con la que 6 mil 520 personas cubrirían sus necesidades básicas en un año.

Para dimensionarlo, cualquiera de estas concesiones podría paliar en buena medida los problemas de comunidades indígenas marginadas, como los pueblos originarios kiliwa, tipai, kumiai, cucapá y pa ipai, que habitan en Baja California y que recientemente fueron noticia por el asesinato del activista kumiai a favor del agua, Oscar Eyraud Adams.

“La Conagua en muchos casos no ha cumplido con su función de hacer respetar la sustentabilidad de los acuíferos y fuentes superficiales y ha sobre concesionado”, explica la especialista en manejo de aguas y activista de la Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo (AUAS), Gloria Tobón Echeverri. Su preocupación no solo se basa en su experiencia local, el World Water Report 2014 de la UNESCO señala que México es el séptimo país del mundo que extrae más agua subterránea.

La sobreexplotación hace que las aguas subterráneas bajen de nivel, esto obliga a perforar cada vez más profundo, explica Tobón y agrega “los concesionarios grandes pueden comprar bombas de mayor capacidad, pero hay usuarios que no pueden y prácticamente se quedan sin agua”. Un segundo efecto negativo de la disminución de las aguas es que se ha llegado a las llamadas aguas fósiles, que son altas en arsénico y flúor. Tal es el caso de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Al respecto existe la Norma Oficial Mexicana (NOM) 127, que se encarga de regular la calidad del agua para uso y consumo humano; sin embargo, dicha NOM permite que el agua contenga químicos y metales nocivos para la salud en cantidades mayores que las que están recomendadas por los organismos internacionales, específicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), explica Julieta Lamberti, directora de investigación de la ONG PODER.

En febrero de 2012, el Congreso mexicano elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y le dio 360 días al legislativo para realizar y publicar una Ley General de Aguas que garantizara, en la práctica, el artículo 4º recién modificado. Ocho años después, esa ley sigue sin existir; alrededor de 10 millones de personas no tienen acceso al agua potable ni cuentan con drenaje. De momento, ya se prepara una iniciativa que se espera se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados antes de que termine el actual periodo de sesiones.

Al investigar sobre la NOM 127, PODER descubrió que había empresas del sector farmacéutico, fertilizantes y de agroquímicos “que estaban muy interesados en que la legislación no cambie y yo supongo, que en el tema de la Ley General de Aguas, la industria de bebidas, las refresqueras, las cerveceras y también la industria minera están interesadas en que no se les impongan regulaciones más restrictivas para llevar adelante su actividad”, comenta Julieta Lamberti.

De acuerdo con el artículo 192 de Ley Federal de Derechos, están exentos de pago “los usuarios de aguas nacionales, zona federal y descarga de aguas residuales, que se dediquen a actividades agrícolas o pecuarias y el uso doméstico que se relacione con estos usos y las localidades rurales iguales o inferiores a 2 mil 500 habitantes”. Además, como en principio la agricultura no produce aguas residuales, tampoco están sujetos a solicitar un permiso de descarga.

Esto ha hecho que el uso agrícola se convierta en el gran comodín de las concesiones de agua en México, dado que, como lo ha señalado la Auditoría Superior de la Federación y diversas investigaciones periodísticas y académicas, existe un alto número de concesiones agrícolas que en realidad son usadas por industrias o por grandes inmobiliarias.

La doctora Tobón Echeverri asegura que para solucionar el problema de la sobreexplotación no basta con impedir que se entreguen nuevas concesiones en los acuíferos sin disponibilidad, “sino que hay que buscar la forma para que los acuíferos estén en equilibrio y buscar la forma de reducir las concesiones existentes”.

 

Con información de Pie de página

https://piedepagina.mx/el-agua-que-nadie-ve/

Imagen tomada de Pie de página

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