Pronunciamiento ante las violencias. Red de investigación violencias-UAM

La Red de Investigación sobre Violencias de la Universidad Autónoma Metropolitana realizó, en los meses de septiembre y octubre de 2020, los Conversatorios virtuales: la Universidad ante las violencias con la participación de personas que cotidianamente asumen la lucha contra las violencias, en particular las familias de víctimas. 

En los encuentros se expusieron las problemáticas del Feminicidio y las violencias machistas; las Desapariciones forzadas y las familias en búsqueda; y los Desplazamientos forzados. En los conversatorios se escuchó, analizó y discutió de forma horizontal con familiares, colectivos y víctimas con un enfoque hacia los saberes y experticia de los y las buscadoras organizadas en colectivos, madres exigiendo y construyendo justicia, y comunidades que buscan recuperar y regresar a sus tierras. 

Como parte del compromiso de la Universidad en la generación de conocimientos críticos y su intervención en los problemas nacionales con el conocimiento, atención, colaboración y resolución, las y los integrantes del Grupo Directivo y Coordinador de la Red de Investigación sobre Violencias hacemos público el siguiente:

PRONUNCIAMIENTO

Ante el Feminicidio y las violencias machistas:

1. El feminicidio es la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres por razones de género en sociedades patriarcales como las nuestras. Entre sus bases se encuentran patrones socioculturales que nos coloca a las mujeres en situaciones de desventaja social, subordinación y vulnerabilidad social, que no han sido erradicadas.
2. Su crecimiento en la última década es resultado de la omisión del Estado ante la obligación de garantizar y proteger el derecho humano de las mujeres a vivir libres de violencia.
3. Forma parte de conductas de superioridad sexista, por lo tanto, es una expresión del machismo.
4. Tiene una historicidad que ha sido documentada desde la década de los noventa del siglo pasado con las asesinadas de Ciudad Juárez. Se ha incrementado junto con la violencia contra las mujeres en el marco de la guerra contra el narcotráfico iniciada en México en 2006, con mayor intensidad y expresiones cruentas sobre los cuerpos de las mujeres, creando un ambiente y un discurso misógino que lesiona y destruye el tejido social.

Debido a lo anteriormente enunciado, la Universidad se posiciona ante este tipo de violencia y demanda e insta al Estado Mexicano e instancias públicas, a:

1. Ampliar y fortalecer la capacidad de atención institucional; así como establecer mecanismos claros e interinstitucionales para prevenir, atender y sancionar eficazmente la violencia contra las mujeres y, con ello, evitar su culminación en feminicidios.
2. Reconocer la violencia feminicida como una emergencia nacional y una crisis de derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres.
3. Reconocer a las organizaciones no gubernamentales acompañantes y colectivas de víctimas indirectas como actores con experticia en la materia, cuyos conocimientos son un parteaguas en la atención a las víctimas indirectas.
4. Establecer mecanismos de gobernanza con las organizaciones no gubernamentales acompañantes y colectivas de víctimas indirectas para la atención de la violencia feminicida, que impulsen la corresponsabilidad y la autonomía en el acceso a la justicia y reparación del daño.
5. Impartir justicia apegado a los más altos estándares de los Derechos Humanos de las niñas, mujeres y adolescentes, contenidos en las Convenciones Internacionales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia por razones de género; al tiempo que se promueva, garantice, respeten sus derechos humanos y sancionen las violaciones a los mismos, con debida diligencia en atención a los casos de violencia por razones de género.
6. Impulsar la interacción entre la Universidad y la sociedad civil para la toma de decisiones en la prevención, atención y eliminación de la problemática del feminicidio.

A la comunidad universitaria:

A reconocer al feminicidio y la violencia machista como un problema nacional de urgente análisis y llevarlo a sus actividades sustantivas de docencia e investigación para contar con investigaciones actualizadas de los diversos contextos de violación a los derechos humanos de las mujeres y de la violencia feminicida.

Procurar la asignación de recursos para actividades sustantivas vinculadas con el análisis y reflexión sobre las violencias machistas y el feminicidio en México, que permitan mejores propuestas para eliminar la violencia feminicida. 

Cumplir con su vocación de servicio a la comunidad y fortalecer el diálogo con víctimas indirectas, sobrevivientes y organizaciones no gubernamentales con el objetivo de crear redes de conocimiento que coadyuven en la erradicación de la violencia por razones de género. 

Practicar plenamente los derechos humanos en el marco de sus actividades cotidianas y construir un ambiente libre de violencia feminicida.

Ante las Desapariciones forzadas y familiares buscando:

1. La desaparición forzada es una práctica política ejercida desde los años sesenta en Guatemala, Argentina y México, aunque su uso sistemático por parte de las fuerzas del Estado se fue consolidando a partir de las dictaduras del cono sur en la década de los setenta (Calveiro, 1998).
2. Si bien la desaparición forzada ha sido reconocida en procesos dictatoriales, en México bajo sistemas democráticos el número de personas desaparecidas desde la llamada guerra sucia hasta hoy, supera con creces las cifras históricas en cualquier otra parte del mundo.
3. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) hasta el día de hoy, 9 de septiembre de 2021, están registradas 91,640 personas como desaparecidas. Se desconoce el número real de personas desaparecidas, así como también se desconoce el número de investigaciones realizadas por el delito de desaparición forzada.
4. Ante esta emergencia nacional en materia de Derechos Humanos y ante la incapacidad del Estado para atender esta urgencia, han sido los familiares quienes se han organizado en numerosos colectivos a lo largo y ancho del país para buscar por cuenta propia a sus seres queridos, ya sea en fosas clandestinas o en vida; a la vez que han impulsado la elaboración de leyes, específicamente la “Ley general en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”.
5. Si bien el Estado tiene la obligación de buscar como lo definen varios documentos internacionales de organizaciones contra la desaparición forzada, por su incompetencia, omisión e incapacidad para atender esta urgencia, siempre fueron y siguen siendo las familias quienes han buscado a sus seres queridos por cuenta propia.
6. En nuestro país, a partir de 2016 los colectivos de familiares iniciaron las actividades de las Brigadas Nacionales de Búsqueda impulsadas por la Red de Enlaces Nacionales y por los más de sesenta colectivos que existen y buscan por sus propios medios.
7. Reconocemos la capacidad de organización y lucha de las y los familiares organizados en colectivos al ser ellos y ellas quienes buscan y encuentran en vida o en fosas clandestinas. Incluso, en estos tiempos de pandemia las familias han exigido que la búsqueda sea reconocida como una actividad esencial y que el Estado cumpla el compromiso adquirido con ellas y ellos de proveer los recursos económicos y humanos necesarios para buscar a quienes faltan.

En este Pronunciamiento queremos enfatizar algunos puntos esenciales del trabajo a desarrollar desde la Universidad con las y los familiares para la búsqueda de sus seres queridos: 

1. Reconocer, una vez más, la desaparición forzada como una práctica genocida con participación de las fuerzas del Estado contra la población civil, destacando los vínculos con los países latinoamericanos que han sufrido esta práctica, así como las distintas formas de lucha por parte de los familiares para combatirla.
2. Reconocer la organización, persistencia, lucha y agencia de las y los familiares que han perdido a sus seres queridos y que han devenido -con independencia y ante la incapacidad y omisión del Estado- la fuerza principal y única en la búsqueda de personas y en la creación de leyes contra la desaparición forzada o por particulares. Y reconocer la transformación de las y los buscadores en líderes sociales que desarrollan agendas de trabajo para llevar a cabo procesos de verdad y justicia.
3. Visibilizar el saber de las y los buscadores, sostenido en la experticia, es decir, en la experiencia adquirida durante los procesos de búsqueda y demanda de justicia, así como por la sistematización de sus saberes a través de los encuentros, seminarios e intercambios de conocimientos organizados por ellas y ellos con la participación de ciudadanas y ciudadanos solidarios. Estos saberes deben integrarse respetuosamente a los conocimientos que desde la academia sostienen las investigaciones en torno a las violencias y particularmente en torno a las desapariciones forzadas, pero siempre dando crédito específico a los portadores de esos saberes. Para ello será fundamental el desarrollo sistemático de encuentros, foros, conversatorios, publicaciones en las que los familiares participen en calidad de expertos, así como la elaboración de un archivo donde se reúnan sus testimonios y las producciones visuales y documentales de los procesos de búsqueda.
4. Nos pronunciarnos por la importancia de impulsar proyectos de investigación y acciones concretas de colaboración entre las y los buscadores y la Universidad, teniendo en cuenta las necesidades y urgencias planteadas por ellas y ellos. Consideramos importante organizar conversaciones con agentes específicos que por las características de su trabajo puedan conocer las necesidades y circunstancias de las demandas de las familias y orientarnos hacia las acciones de mayor urgencia.

Ante los Desplazamientos forzados:

1. El desplazamiento forzado es un recurso de sobrevivencia y de resistencia de las poblaciones civiles frente a los regímenes de violencia interna o de aquella que se libra en las fronteras nacionales. Es una acción y reacción en situaciones extremas porque evidencia la imposibilidad de garantizar la vida por parte de cualquier instancia jurídica o gubernamental o de cualquiera de los actores y poderes involucrados, o de los mismos pobladores.
2. El desplazamiento interno forzado representa huida, escape o evasión a poderes y fuerzas en disputa, es un último recurso de garantía y resistencia que, después de decidirlo, se implementa de forma inmediata, en corto o mediano plazo: se realiza de forma individual, familiar, colectiva o masivamente, de manera temporal o definitiva, en cualquier caso bien cabe abordarlo como estrategia forzada de sobrevivencia (Salazar y Álvarez, 2017).
3. Este fenómeno tiene larga data en México, pues su existencia se ha documentado al menos desde la década de los setentas. Es importante mencionar que de este delito y violación de los derechos humanos, derivan y se originan otros: homicidios, feminicidios, desapariciones y despojos de todo tipo. En estos episodios las poblaciones indígenas son afectadas de manera desproporcionada. Recién en el año 2019 el Estado reconoció la existencia de este grave problema, y en septiembre de 2020 se aprobó la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado y se crea el Registro Nacional de Personas Desplazadas, que actualmente se encuentra en proceso de aprobación en el Senado de la República. El número de desplazados es incierto, dada las características de este delito, que es poco denunciado y registrado, un dato preliminar menciona cerca de 346 000 personas.

Por lo arriba enunciado, la Universidad se posiciona ante este tipo de violencia y demanda e insta a:

1. Visibilizar, reconocer y atender esta situación de emergencia, colocando en el centro las terribles dificultades y experiencias de quienes han sufrido este fenómeno. Reconocemos la capacidad de resistencia y resiliencia que despliegan las personas afectadas, en cuya experiencia y saberes de vida se conjuntan y transversalizan diversas violaciones a sus derechos humanos esenciales. Visibilizar los procesos organizativos que a pesar de su situación dispersa y precaria despliegan.
2. Ratificar el proyecto de Ley sobre Desplazamiento interno forzado en el Senado, que en el mes de febrero de este año (2021) todavía estaba en espera.
3. Urgir que dicha Ley sea un instrumento real que otorgue atención, protección y reparación integral a las víctimas, que se faculten a los organismos públicos para concretar las disposiciones reglamentarias de esta ley. Esto incluye procesos legales, fiscales, financieros, administrativos que sufren los afectados y el acompañamiento necesario formulado en propuestas transversales desde políticas públicas que atiendan estos problemas.
4. Demandar que este instrumento atienda las diferencias entre los distintos tipos de desplazamiento forzado, los cuales requerirán distintas acciones. Entre otros: procesos de mediación, conciliación y resolución efectiva en conflictos intra-comunitarios, regionales, los provocados por la violencia de distintos agentes. Evitar la estandarización del desplazamiento.
5. Recuperar la información procesada por las diferentes instituciones académicas y organizaciones sociales que permitan describir y cuantificar las características de las víctimas.
6. Reconocer a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas como interlocutores legítimos ante el Estado, con conocimientos precisos y expertos en la materia, desarrollados en el diario trabajo de campo ante la omisión gubernamental; para construir una gobernanza que permita la pacificación del país y la construcción de estrategias desde las personas en situación de desplazadas y/o desaparecidas.

Finalmente, las y los integrantes del Grupo Directivo y Coordinador de la Red de Investigación sobre Violencias de la UAM llama a las autoridades universitarias, a los gobiernos local y federal, así como a la sociedad civil a:

Incentivar y financiar investigaciones interinstitucionales realizadas de la mano de las y los actores afectados por las problemáticas de la violencia feminicida, de desaparición forzada y de desplazamiento forzado y a que se reconozca la experticia que han desarrollado a lo largo de su búsqueda de justicia, para coadyuvar en la resolución de las problemáticas. 

Ciudad de México a 9 de septiembre, 2021

Casa abierta al tiempo

Red de Investigación sobre Violencias

Universidad Autónoma Metropolitana

Las integrantes del Grupo Directivo y Coordinador de la Red son:  Dra. Iris Santillán Ramírez (Azc), Dra. Lilia Granillo Vázquez (Azc), Dr. Christian Sperling (Azc), Dra. Ileana Diéguez Caballero (Cua), Perla Gómez Gallardo (Cua), Dra. Margarita Zárate Vidal (Izt), Dr. Alfredo Nateras Domínguez (Izt), Dra. Laura Valladares de la Cruz (Izt), Dra. Angélica Bautista López (Izt), Dra. Raquel Guereca Torres (Ler), Dra. Luz María Sánchez Cardona (Ler), Dra. Fabiola Escárzaga Nicté (Xoc), Dra. Verónica Rodríguez Cabrera (Xoc) y Dr. Enrique Guerra Manzo (Xoc).